LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL MEDIO
RURAL (padres, profesores y alumnos) quiere mostrar su desacuerdo con los
recortes en educación que vienen afectando en los últimos cursos al buen
funcionamiento de los centros rurales. Manifestamos nuestro descontento y
preocupación por los siguientes motivos:
Por entender que se limitan las posibilidades de elección del alumnado que
cursa sus estudios en centros educativos localizados en el medio rural.
Sobre todo en lo que se refiere a determinadas materias de bachillerato. La
aplicación estricta de la ratio en estas materias supone que, en muchos casos,
el alumnado no está en condiciones de acceder a determinados estudios
universitarios. Además puede afectar a la nota obtenida en la PAEU al no poseer
la preparación necesaria en las materias de más ponderación. Las
alternativas que se ofrecen (la asunción de la docencia por profesores del
centro no especialistas o bien la “educación a distancia” obligando a los
alumnos a examinarse en un centro distinto a donde cursan sus estudios) no nos
parecen adecuadas para nuestros alumnos e hijos. En estos casos podemos hablar
de discriminación en el acceso a la universidad por razones de origen
geográfico.
Por el temor a que estas medidas pueden ser un primer paso hacia la
configuración de itinerarios rígidos en el Bachillerato y en último término a
la desaparición de esta etapa en los centros; en cuyo caso los alumnos se
verían obligados a desplazarse a otra localidad sin que se les cubran los
gastos de desplazamiento y/o residencia. Lo que en la práctica puede suponer la
imposibilidad de estudiar bachillerato a los hijos e hijas de familias rurales
con menos recursos económicos.
Por la supresión de plazas de las plantillas jurídicas del Cuerpo de profesores
y por la consiguiente situación de provisionalidad en la que quedan algunos
Departamentos Didácticos.
Por la futura ley de Educación LOMCE que de ser aprobada consolidará una
política educativa que afecta gravemente a la educación en el medio rural y a
la enseñanza en general puesto que se prima lo económico sobre lo educativo.
Por todas estas razones queremos hacer un llamamiento a toda la comunidad
educativa de los centros rurales de Castilla y León al considerar que puede
verse afectada la calidad de la enseñanza del alumnado y sus posibilidades de
elección. También queremos llamar la atención de otras instituciones como los
ayuntamientos por entender que la educación es un valor fundamental y un
derecho inalienable. Desde esta perspectiva creemos que la colaboración de
todos es necesaria e imprescindible.
La aplicación de criterios estrictamente económicos a la educación en el ámbito
rural contraviene la igualdad de oportunidades en un derecho fundamental
como es el de la educación. Entendemos que es una inversión necesaria y
“productiva” en zonas que sufren por sus propias características ya una
situación de desventaja. Este tipo de decisiones contribuyen a la despoblación
y al empobrecimiento de una Comunidad como la de Castilla y León y
especialmente de provincias como Soria aquejadas ya de muchos problemas.
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